Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas
El ENOHSA es continuador y subroga las funciones cumplidas por el Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento (COFAPyS) hasta el año 1995, y antes que este, por el Servicio Nacional de Agua Potable y Saneamiento (SNAPyS). Desde su creación y hasta el dictado del Decreto Nº 1173/04, el ENOHSA actuaba en exclusividad como agencia financiera del sector. En este esquema, la responsabilidad de la ejecución de la infraestructura recaía en las provincias, municipios y operadores de los servicios que accedían al financiamiento.
A partir de dicha norma asume un rol más activo quedando habilitado para contratar y ejecutar en forma directa obras, proyectos, adquirir materiales, maqinarias, y elementos destinados a la construcción, mantenimiento, operación y reposición de infraestructura. El ENOHSA ha desarrollado el Sistema Permanente de Información de Saneamiento (SPIDES). Esta Base de Datos - en etapa de actualización- registra información sobre cobertura de servicios, estructura institucional, aspectos técnicos operativos y de gestión de los Prestadores, lo que permite un mejor conocimiento del sector y las necesidades de inversión.
El ENOHSA tiene facultades para recibir subsidios, contraer créditos y/o asumir endeudamiento de cualquier naturaleza con entidades o personas públicas o privadas, nacionales e internacionales. En el marco de estas facultades, cuenta con Programas y Planes de financiamiento sectorial de fuente nacional y multilateral (BIRF-BID).
Los recursos son asignados vía Préstamos, Subsidios y combinación de ambas modalidades, siendo sus destinatarios las Provincias, Municipios, Entes Prestadores (públicos y privados), y Entes Reguladores de la prestación de los servicios.
El accionar sostenido del ENOHSA y de los organismos que le precedieron a lo largo de 40 años, tuvo y tiene por finalidad lograr el incremento de:
El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento es un organismo descentralizado del Estado Argentino cuya prioridad fundamental es financiar el abastecimiento de agua potable y cloacas. En especial en las poblaciones más pequeñas, en las que debido a su baja rentabilidad, no captan el interés de las empresas privadas. La Ley Nº 24.583 le asigna la misión de organizar y administrar la ejecución y/o instrumentación de los Programas de Desarrollo de Infraestructura que se deriven de las políticas nacionales del sector.
El ENOHSA ejecuta las políticas sectoriales a través de la asistencia técnica y financiera a los entes prestadores de los servicios, atendiendo a la transformación y regulación de los sistemas, construcción y reposición de infraestructuras, provisión de equipamientos y la operatividad del servicio.
Sus destinatarios son las Provincias y Municipalidades, a nivel de sus órganos centralizados, descentralizados, autárquicos y/o empresas y sociedades; entidades comunales; cooperativas; asociaciones civiles; personas jurídicas privadas o de integración social mixta; o aquellas que bajo otra conformación jurídica, participen de la explotación, expansión, regulación y control de los servicios.
Entre las atribuciones asignadas por el mismo Decreto N° 107/97 se destaca la siguiente:
"Art. 9° c) gestionar la obtención de financiamiento interno y esterno, proveniente tanto de organismos extranjeros e internacionales, como locales, oficiales o privados..."
Los primeros sistemas de agua potable y desagües cloacales del país se construyeron en la ciudad de Buenos Aires a partir de 1880, por la "Comisión Nacional de Obras de Salubridad" que posteriormente cambió su nombre por el de "Obras Sanitarias de la Nación", OSN. Desde 1880 y hasta 1945, OSN tuvo a su cargo la construcción de las obras y la prestación de los servicios en la mayoría de ls principales ciudades del país, aunque en algunas ciudades importantes, como Rosario, Bahía Blanca, etc., los servicios eran prestados por empresas privadas de capital inglés. A partir de 1945, OSN que dependía del entonces Ministerio de Obras Públicas y Transportes de la Nación, manejó hasta 1980, los servicios de todos los centros urbanos del país.
En 1964 y como consecuencia del estancamiento y falta de repuesta de Obras Sanitarias de la Nación a los problemas de abastecimiento de agua potable en zonas rurales nace el Servicio Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural (SNAP). Su creación fue impulsada por la Oficina Sanitaria Panamericana (OPS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a partir de lineamientos establecidos por la Alianza para el Progreso, creada durante el Gobierno de Kennedy, para América Latina.
Los programas de la OPS se orientaban a abastecer de agua potable a las poblaciones rurales, aunque fuese a través de grifos públicos y así se aplico en muchos países, pero esta modalidad tuvo que modificarse en Argentina, ya que la población reclamaba servicio domiciliario.
Por la relación de la OPS con el Ministerio de Salud, el SNAP quedo dependiendo de la Secretaría de Salud Publica de la Nación y a fines de los años setenta se cambia al área de Obras Publicas.
En una primera etapa, el SNAP se dedicó con exclusividad al sector abastecimiento de agua potable a comunidades rurales menores de 3.000 habitantes. La modalidad de trabajo requirió a las Provincias que constituyesen organismos específicos (SPAR Servicio Provincial de Agua potable Rural) u otras estructuras similares.
Estos organismos provinciales debían ejecutar las siguientes tareas:
La modalidad de financiación de las obras era:
En 1978 se crea en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios Públicos la Secretaría de recursos Hídricos, de la cual pasan a depender OSN y el SNAP.
En 1988, el SNAP se transforma en el Consejo Nacional de Agua Potable y saneamiento, CoFAPyS, incluyendo en sus objetivos también la formulación y el financiamiento de obras de desagües cloacales y extendiendo posteriormente su accionar a poblaciones de todo tamaño. A partir de 1989, la Ley 23696/89 de Reforma del Estado aporta el marco legal para las nuevas reestructuraciones institucionales del sector, ya que declara en emergencia a la prestación de los servicios públicos y establece procedimientos para su privatización y concesión.
El CoFAPyS acompañó este proceso de transformación con la implementación de un programa co-financiado por el BID y el Banco Mundial, el PRONAPAC, que representó un avance en la concepción de los proyectos a financiar. Además de las tradicionales obras de ampliación de servicios, se financiaron acciones de transformación institucional y de optimización y rehabilitación de los servicios, con un fuerte énfasis en la sustentabilidad de la prestación a través de su equilibrio económico y financiero.
A partir de diciembre de 1995, por Ley 24583/95, el CoFAPyS desaparece y se crea el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, ENOHSa, que absorbe sus funciones, continuando con los programas en ejecución.
Como se mencionó en el punto anterior, los primeros sistemas de agua potable y desagües cloacales del país se construyeron en la ciudad de Buenos Aires a partir de 1880, por la "Comisión Nacional de Obras de Salubridad" que posteriormente cambió su nombre por el de "Obras Sanitarias de la Nación", OSN. Durante un siglo, desde 1880 hasta 1980, la responsabilidad en la prestación de los servicios de agua potable y cloacas en las principales ciudades del país recayó sobre OSN; mientras que respecto de aquellos grupos urbanos más reducidos la prestación de tales servicios se encontraba bajo la égida de los Gobiernos Provinciales y Municipales, existiendo en algunos casos en zonas rurales, la actividad prestacional por parte de cooperativas.
La tarea desarrollada fue meritoria, permitiendo que a mediados de la década del '60 nuestro país se encontrara en una posición aventajada entre sus pares de América Latina, en cobertura de agua potable y desagües cloacales. Sin embargo, dos décadas más tarde, la República Argentina descendió a la posición 10º en cobertura de agua potable y 19º en desagües cloacales, en el ranking de países latinoamericanos.
Una de las causas fundamentales para este deterioro fue la desinversión en el sector, ya que en 1985 se invertía en el país un tercio (80 millones de dólares) de las inversiones realizadas en 1975. Esta situación provocó que el porcentaje de cobertura en agua potable sólo llegara al 57% y la correspondiente al servicio de desagües cloacales apenas alcanzara el 35% de la población nacional
En 1980 comenzó un proceso de provincialización de los servicios de saneamiento. De esta manera, la responsabilidad de OSN queda dividida y delegada en los estados provinciales, salvo en lo referido a la Ciudad de Buenos Aires y a los trece Partidos que conformaban el Conurbano Bonaerense, los que continuaron siendo atendidos por OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN.
Cada provincia, según su decisión política, seguió diferentes caminos. Por ejemplo, algunas provincias transfirieron a sus organizaciones municipales la responsabilidad por la prestación de los servicios, continuando con el proceso de descentralización que había comenzado la Nación (cabe citar entre ellas a la Provincia de Entre Ríos); otras optaron por recurrir al movimiento cooperativista para satisfacer la demanda de prestación de los servicios analizados (camino seguido por la Provincia de Chubut); otras provincias formaron Empresas Públicas Provinciales responsables de la prestación (por ejemplo, las Provincias de Jujuy y San Juan) y, finalmente, en varias jurisdicciones provinciales se conjugaron algunas o todas las variantes anteriormente descritas (tales los casos de las Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro entre otras).
Entrados los '90, se inició el proceso de privatización o concesionamiento del servicio al sector privado inversor, comenzando por los servicios de diez localidades en la Provincia de Corrientes y continuando con los servicios de Capital Federal y Gran Buenos Aires (ex OSN), y los servicios de las principales localidades de Tucumán, Santa Fe, Santiago del Estero, Formosa, Córdoba, Mendoza, Catamarca, Buenos Aires y Misiones. En el caso de Salta, la concesión del servicio se realizó en el ámbito de toda la provincia. En la actualidad la continuidad de algunos procesos provinciales en concesión se deben a dificultades en las privatizaciones realizadas (Tucumán y Buenos Aires). Hubo también algunas experiencias de concesionamientos a nivel municipal, como los casos de Pilar y Campana en Buenos Aires, Juana Koslay en San Luis y Trelew en Chubut entre otras.
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